Por Carlos Aguilera

La liga se asoma a su primera jornada y, por si no hubiera suficientes problemas en el panorama futbolístico español, por el horizonte asoma un inesperado conflicto que a la hora de escribir estas líneas –sinceramente- creo que no tiene fácil solución: las retransmisiones radiofónicas de los partidos.

En mi opinión, vamos hacia un conflicto largo que no se solucionará en semanas ni en meses, sino que será la autoridad judicial la que zanje en su día una cuestión en la que todos tienen parte de razón. Me atrevo a pronosticar desagradables incidentes en las primeras jornadas y soluciones cautelares provisionales en un plazo relativamente corto, con una solución cogida con alfileres hasta el dictamen final. Que, previsiblemente, dejará a todos descontentos.

De entrada, no veo tan clara la postura inflexible de los operadores radiofónicos. Transmitir un partido en su totalidad o parcialmente es información. Pero es indudable que esas transmisiones producen unos ingresos directos. Que los clubes quieran participar en la tarta no parece descabellado, puesto que son sus marcas y profesionales –con unos derechos de imagen innegables- los que atraen la audiencia y, en definitiva, generan beneficios.

Ahora bien, si la autoridad judicial dictamina que un partido es un acontecimiento privado que se desarrolla en un recinto privado y, por tanto, su interés se enmarca en el ámbito de empresas privadas, sin posibilidad de invocar el interés público para permitir el libre acceso de los micrófonos, estaríamos ante un nuevo panorama: puesto que se trata de un hecho entre empresas privadas, son éstas las que deben correr con todo lo que ello conlleva. Lo primero de todo la seguridad de los asistentes. En ese caso, ¿cuánto vale el despliegue de los operativos policiales en un estadio que, a partir de ese momento, deberían afrontar los clubes en solitario, es decir, con seguridad privada?

Cobrarle a las emisoras de radio, llevar el conflicto a los tribunales y un eventual dictamen judicial a favor de los clubes supondría una victoria momentánea pero de consecuencias subsiguientes incalculables si se lleva al extremo la filosofía que emana de la sentencia.

Entretanto, me animo a augurar las inmediatas secuencias: los clubes pondrán dificultades a las emisoras en la primera jornada. Aun cuando los jueces no hayan dictaminado, aun admitiendo que esas conexiones son información –por tanto, de interés público; por tanto, sin pago-, los clubes invocarán un hecho incuestionable: las instalaciones están en un estadio que es de su propiedad. Alquilarlo vale ‘equis’ euros. Y aquí la desproporción. Las emisoras se negarán a pagar, llevarán la cuestión a los tribunales, los tribunales emanarán una solución cautelar provisional que previsiblemente dejará las cosas como están y… hasta la sentencia final, que será… ¿dos, tres años?

Mientras llega el momento, bueno será recordar que la situación no es nueva. El fútbol, que tradicinalmente gasta más de lo que ingresa, es celoso de todo dinero que genera y no recibe. Jesús Gil, en sus priemros tiempos de su desdichado paso por el Atlético, ya lo intentó, aunque se quedó solo en su lucha. El origen de ‘Carrusel Deportivo’, en los primeros años 50, no estuvo exento de dificultades. Los clubes consideraron que las conexiones, en unos tiempos en que la radio era la ‘reina’ entre los medios de comunicación, restaban taquilla y prohibieron las transmisiones. En muchos estadios, en los primeros tiempos, las conexiones se hicieron desde la ’clandestinidad’ de un locutor ‘oculto’ entre varios ‘forzudos’ protectores…

Y más: ¿cuánto valdrían, según tarifa publicitaria radiofónica, los programas que durante la semana animan al oyente a asistir al estadio? Los clubes no quieren entender que todo guarda relación y que es preferible una ‘entente cordiale’ antes quye un conflicto abierto de incalculables consecuencias.